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  • claudiaalarcon13
  • 24 jul
  • 13 min de lectura

 



Por Claudia Alarcón

 

El cuidado ha emergido en las últimas décadas como una categoría central para comprender las dinámicas de reproducción social, las desigualdades de género y las formas de organización comunitaria en América Latina. En México, esta problemática ha cobrado particular relevancia a partir de dos fenómenos aparentemente inconexos pero profundamente relacionados: la implementación del Sistema Nacional de Cuidados y la discusión de su marco legal en el Congreso. Por otro lado, encontrarmos distintos espacios en donde persisten condiciones de vida extremas como son los centros penitenciarios, en donde las prácticas de cuidado emergen como estrategias de supervivencia frente a una justicia tradicionalmente punitiva.

 

Este ensayo propone una lectura articulada de ambos escenarios, explorando las tensiones entre el cuidado como práctica social y como objeto de política pública, entre la medición estadística y la experiencia encarnada, entre la promesa de un Estado que cuida y la realidad de un sistema de justicia que castiga y segrega. Lejos de considerarlos mundos separados, sostengo que el análisis del cuidado en contextos de encierro y en el ámbito doméstico, tal como lo intenta capturar la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT),  revela dimensiones estructurales de la desigualdad mexicana las cuales exigen una reflexión profunda sobre el papel del Estado, las comunidades y los sujetos en la reproducción y organización de la vida.

 

El cuidado como práctica social: fuera de la economía doméstica

 

La noción de "circuitos de cuidado", desarrollada por Nadya A. Guimarães y Helena Hirata en su análisis de la realidad latinoamericana, constituye un aporte fundamental para comprender cómo se organiza socialmente el sostenimiento de la vida. Estos circuitos son redes socioafectivas y materiales que movilizan recursos, personas, afectos y tiempos para cuidar a quienes requieren apoyo. Las autoras identifican tres tipos ideales que dan vida a estos circuitos: la profesionalización, la obligación y la ayuda. Y destacan el carácter comunitario que en muchas ocasiones asume el cuidado en contextos de debilidad institucional.

 

Esta perspectiva resulta particularmente interesante para analizar espacios que tradicionalmente han sido concebidos como antípodas del cuidado. Es decir, ¿cómo pensar el derecho al cuidado, desglosado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las dimensiones de ser cuidado, cuidar y autocuidado, en contextos de privación de la libertad, diseñados históricamente para castigar y no para cuidar? La propuesta de reconocer los centros penitenciarios como "comunidades de cuidado" que se interconectan con la vida en libertad contraviene una lógica jurídica que, como señala Matthew Altman, ha colocado al castigo como recurso imprescindible para sostener la vida comunitaria.

 

Sin embargo, la realidad carcelaria mexicana ofrece evidencia contundente de que el cuidado no es una excepción en algunos espacios, sino una manifestación estructural de lugares donde la premisa organizacional y normativa es punitiva y aceptablemente precarizada. Madres que crían a sus hijos en centros femeniles, monitores que cuidan a personas en fase terminal o en crisis de salud mental, módulos LGBTTTIQA+ que funcionan como espacios de protección mutua, mujeres que cuidan y mantienen a sus familiares privados de libertad durante décadas. Estas no son anomalías, sino la expresión de circuitos comunitarios de cuidado que emergen para llenar los vacíos de un sistema penitenciario crónicamente deficitario.

 

La literatura especializada que recoge experiencias de cuidado en barrios populares y territorios excluidos caracteriza el cuidado en lo comunitario como un conjunto de prácticas heterogéneas cuyos confines no siempre son claros. En ocasiones remiten a procesos autogestivos basados en la afinidad y la elección, a veces son prolongación de la familia extensa, en otras se entrelazan con servicios del Estado o de organizaciones particulares. Esta descripción resulta sorprendentemente adecuada para describir la vida en las prisiones mexicanas, donde el cuidado comunitario surge de colectividades presenciales que, en muchos casos, se convierten en un recurso para romper el aislamiento, generar apoyos y actuar políticamente.

 

Ahora bien, es crucial no idealizar esta capacidad comunitaria, tal como advierten Guimarães y Hirata, en sociedades donde las formas de protección social de los Estados de Bienestar no existieron o se desarrollaron de forma restringida, el cuidado comunitario emerge más como una necesidad impuesta por la ausencia estatal que como una expresión libre de solidaridad. En la cárcel, esta advertencia se torna ejemplar: los circuitos de cuidado existen no porque el sistema penitenciario los haya diseñado, sino a pesar de él y como respuesta a sus déficits crónicos. Son, en muchos casos, un recurso emergente e improvisado de auténtica supervivencia cotidiana.

 

La fragilidad de los circuitos: desigualdad y vulnerabilidad

 

Un segundo aporte central de los estudios del cuidado es la atención a las desigualdades que atraviesan estos circuitos. La perspectiva interseccional que incorpora la raza, etnia, edad, identidad sexogenérica y la clase resulta indispensable para comprender cómo se distribuyen las cargas y responsabilidades del cuidado, quiénes cuidan, en qué condiciones y con qué reconocimiento. En prisión, estas distinciones se agudizan. ¿Quiénes son las personas que visitan a las personas privadas de libertad? ¿Bajo qué condiciones realizan ese acompañamiento sistemático? Y, en este contexto, ¿qué ocurre con las personas privadas de libertad que ya no cuentan con ningún vínculo socioafectivo afuera?

 

El análisis de la "organización social del cuidado" en América Latina subraya que las políticas sociales en la región tienen una naturaleza distinta de la que se instituyó en las experiencias europeas, siendo “menos monolíticas y más fragmentarias, frágiles y reversibles". Esta fragilidad caracteriza también los circuitos de cuidado penitenciarios. Las visitas familiares, el envío de medicamentos y alimentos, el acompañamiento emocional de organizaciones civiles: todos estos circuitos externos dependen de que las familias tengan recursos económicos, tiempo y posibilidades de desplazamiento. Cuando estos vínculos se rompen, ya sea por pobreza o precariedad, por distancia geográfica o por desintegración familiar,  los circuitos se tensan hasta el punto de ruptura, dejando a las personas privadas de libertad en una situación de desamparo absoluto.

 

El riesgo aquí no es solo que el cuidado comunitario se convierta en una forma encubierta de trabajo no remunerado, naturalizado e invisibilizado, sino que sirve para eximir al Estado de responsabilidad. Cuando el sistema penal construye y fortalece políticas punitivas bajo la óptica del sostenimiento de la vida comunitaria, la existencia de circuitos de cuidado no estatales puede operar como una coartada para el abandono institucional.

 

Medir para reconocer: la ENUT y sus límites

 

Paralelamente al análisis de los circuitos de cuidado en espacios extremos, el ámbito de la política pública ha desarrollado instrumentos para visibilizar el trabajo no remunerado en el hogar. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), levantada por el INEGI, se ha consolidado como la principal fuente de datos para cuantificar el tiempo dedicado a tareas domésticas y de cuidado, actividades sistemáticamente excluidas de las mediciones económicas tradicionales como el Producto Interno Bruto (PIB).

 

La principal fortaleza de la ENUT radica en su capacidad para hacer visible el "trabajo invisible". Al desagregar las actividades diarias, permite reconocer el valor económico y social de este trabajo, un primer paso esencial para su inclusión en la agenda pública. Además, la evolución metodológica de la encuesta, especialmente la alineación con la Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas de Uso del Tiempo (ICATUS 2016), ha permitido mejorar la captación del cuidado pasivo o de supervisión y ha incluido dimensiones novedosas como el cuidado emocional. Este esfuerzo por homologar criterios con estándares globales mejora la calidad de los datos nacionales y permite la comparabilidad internacional.

 

Los datos de la ENUT han sido fundamentales para mostrar la feminización del trabajo de cuidados y para visibilizar fenómenos críticos como la carga de cuidado en la población infantil y adolescente. Estudios recientes revelan que en México, a diferencia de otros países de la región, el 18.8% de los adolescentes de 12 a 18 años participan en tareas de cuidado, una cifra que evidencia la magnitud de la corresponsabilidad social fallida y la necesidad de servicios de apoyo. Sin este tipo de datos, la implementación de políticas como la expansión de guarderías o el apoyo a cuidadores de adultos mayores carecería de un diagnóstico territorial y demográfico sólido.

 

Sin embargo, a pesar de estos avances, la medición de los cuidados a través de encuestas de uso del tiempo enfrenta retos sustanciales. La debilidad más crítica es la subestimación del “cuidado de supervisión” el cual ha sido definido como estar "disponible y en estrecha proximidad" para proveer cuidado si surge la necesidad. Esta actividad a menudo no es reportada por las personas encuestadas porque no la perciben como una actividad en sí misma, sino como un estado o una responsabilidad de fondo. El simple hecho de añadir una categoría en el cuestionario no resuelve el problema de raíz. Aunque México reporta niveles más altos de cuidado de supervisión que otros países, persiste un "déficit" de captación, se registra menos tiempo del que realmente se dedica.

 

En estrecha relación con lo anterior, se encuentra la dificultad para captar la simultaneidad de actividades. Los cuidados, en particular de niños y niñas, rara vez ocurren de forma exclusiva. Una mujer puede estar cocinando mientras supervisa a un niño que juega o ayuda a otro con la tarea. Los diseños tradicionales de la ENUT tienden a "perder" esas actividades secundarias porque fuerzan a los encuestados a elegir una actividad principal. Aunque existen intentos por medir la simultaneidad, los especialistas recomiendan seguir experimentando con métodos de diario o baterías de preguntas específicas que permitan "desdoblar" esas horas para reflejar la intensidad real del trabajo de cuidado.

 

Otra debilidad importante es el desafío de equilibrar profundidad con carga de respuesta y la falta de desagregación en poblaciones clave. Para captar con detalle los cuidados, los cuestionarios tienden a ser largos y complejos. Esto lleva a que, en ocasiones, se utilicen módulos reducidos en otras encuestas que captan menos actividades específicas. Además, aunque los datos generales existen, el diseño de políticas requiere datos con alta desagregación geográfica y poblacional: hogares indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad. Si bien las versiones recientes han incorporado variables sobre afrodescendencia y discapacidad, la muestra a veces no es suficiente para hacer inferencias estadísticamente significativas a nivel local, limitando la focalización del gasto público.

 

La paradoja del Estado: ausencia y presencia simultánea

 

Los dos campos de análisis, el de los circuitos de cuidado en espacios de encierro y el de la medición del trabajo no remunerado, convergen en una constatación inquietante: el Estado mexicano se caracteriza por una doble ausencia. No solo no provee cuidado en muchos espacios, sino que tampoco logra verlo plenamente cuando intenta medirlo. Y esta debilidad impacta significativamente en la vida de cualquier persona vinculda con el sistema penitenciario, si consideramos que cuando un miembro de la familia ingresa al sistema la familia debe hacer una reorganización de sus dinámicas familiares y sociales, incluidas las de cuidado.

 

En la cárcel, como se ha señalado, el cuidado emerge a pesar del Estado y como respuesta a sus déficits crónicos. La "crisis del cuidado" en el contexto penitenciario no apunta a que alguna vez hubo un orden cuidado que ahora se desmorona, sino a una verdad cruda: en los centros penitenciarios mexicanos, el cuidado no puede ser un referente a considerar para la vida en el encierro, pues el derecho penal ha dejado claro que lo que sostiene la vida comunitaria es el castigo, no el bienestar, menos aún, el cuidado. Las cárceles están hechas para castigar, no para cuidar. Sin embargo, siempre han existido circuitos comunitarios de cuidado como respuesta de personas que se niegan a dejar morir al Otro.

 

En el ámbito doméstico, el trabajo de cuidados no es invisible solo porque las encuestas no lo capturen adecuadamente, sino porque el orden de género y la organización capitalista del trabajo lo han naturalizado y subalternizado. La ENUT, a pesar de sus avances, subestima el cuidado de supervisión y la simultaneidad de actividades, y adolece de una desagregación insuficiente para captar las realidades diferenciadas de poblaciones indígenas, afrodescendientes o en situación de discapacidad. En otras palabras, el Estado no solo no llega a proveer cuidado en muchos espacios, sino que tampoco ha logrado medirlo plena y objetivamente.

 

Esta doble ausencia no es casual, revela una característica estructural del Estado mexicano, el cual ha sido históricamente más eficaz en la gestión punitiva de la pobreza y la desigualdad que en la provisión de bienestar y cuidados. La tradición jurídica-penal que concibe el castigo como sostén de la vida comunitaria se extiende, de manera sutil pero persistente, a otras áreas de la política social. El cuidado, en esta lógica, es un asunto privado, familiar y femenino. El castigo, en cambio, es un asunto público, estatal, legítimo y sosten del sistema de justicia.

 

La interseccionalidad y el cuidado penitenciario

 

Tanto el análisis de los circuitos de cuidado penitenciarios como el de la medición del trabajo doméstico requieren una perspectiva interseccional que permita comprender cómo operan las múltiples desigualdades en la organización social del cuidado. En prisión, el cruce entre género, clase y racialización determina quiénes cuidan, en qué condiciones y con qué recursos. ¿Quiénes son las madres que crían a sus hijos en centros femeniles? ¿Qué lugar ocupan las mujeres indígenas o afrodescendientes en las dinámicas sociales asociadas con el sistema de justicia penal y el penitenciario? ¿Qué ocurre con las personas con discapacidad o con problemas de salud mental dentro de estos espacios?

 

En el ámbito de la medición, el desafío no es solo desagregar los datos, sino preguntarse cómo las categorías mismas de la encuesta, diseñadas desde una perspectiva urbana y centrada en el hogar nuclear, pueden no ser idóneas para captar las formas comunitarias y extendidas de cuidado de la vida penitenciaria con sus vínculos externos. La interseccionalidad no es un añadido, es una dimensión constitutiva del problema, sin la cual cualquier política de cuidados corre el riesgo de reproducir las desigualdades que pretende combatir.

 

Implicaciones para el Sistema Nacional de Cuidados

 

Las fortalezas y debilidades señaladas tienen implicaciones directas en el diseño del Sistema Nacional de Cuidados. Por un lado, las ENUT son indispensables para reconocer la magnitud de la crisis de cuidados y para cuantificar las necesidades de la población. Los datos sobre niños cuidadores o sobre el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado, que duplica o triplica al de los hombres,  son la base sobre la cual se justifica la inversión pública en infraestructura de cuidados.

 

Por otro lado, las debilidades metodológicas implican riesgos en la planificación operativa, si el Sistema de Cuidados se diseñara basándose únicamente en las horas de cuidado activo reportadas, ignorando las horas de supervisión o simultaneidad, se subdimensionaría la necesidad real de servicios como estancias infantiles o centros de día para adultos mayores. Un padre o madre no solo necesita que cuiden activamente a su hijo mientras trabaja, sino también estar libre de la carga de la responsabilidad de estar al pendiente. Una encuesta que no mida bien esta última podría concluir que con cuatro o cinco horas de guardería es suficiente, cuando la realidad señala una demanda de cobertura de jornada completa.

 

Por su parte, la experiencia de los circuitos de cuidado en espacios de encierro sugiere que el Sistema Nacional de Cuidados no puede limitarse a proveer servicios institucionales, sino que debe reconocer y fortalecer las redes comunitarias existentes. El Estado mexicano, como actor social clave e ineludible, no puede limitarse a "reconocer" estos circuitos, tiene la obligación de garantizar que nadie quede por fuera de ellos, y de proveer cuidado institucional allí donde las redes comunitarias, por más solidarias que sean, no alcanzan para combatir la desigualdad e injusticia social.

 

Hacia una epistemología del cuidado para los espacios penitenciarios

 

El análisis conjunto de los circuitos de cuidado en espacios penitenciarios y los instrumentos de medición del trabajo doméstico sugiere la necesidad de una epistemología del cuidado: un modo de conocer que no reduzca el cuidado a un objeto mensurable ni lo idealice como una práctica comunitaria autónoma, sino que lo aborde en su complejidad material, simbólica y política. Esta epistemología requeriría, al menos, tres movimientos.

 

En primer lugar, se requiere reconocer que el cuidado es un trabajo, es decir, implica esfuerzo, tiempo y recursos, y no solo un buen afecto o una disposición moral. El cuidado produce y sostiene la vida, y esta producción tiene un costo que no puede ser naturalizado o dado por hecho a partir de los vínculos afectivos o consanguíneos. Es así que, en la cárcel, las prácticas de cuidado mutuo no son un lujo ni una desviación de la función punitiva, sino un recurso para la "producción del vivir en sociedad" que, con miras a un proceso de reinserción social, debería priorizarse.

 

En segundo lugar, es necesario comprender que el cuidado está atravesado por relaciones de poder de género, clase, raza, edad, etc., que determinan quién cuida, a quién, en qué condiciones, con qué recursos y con qué reconocimiento. El derecho a cuidar implica reconocer estas relaciones y trabajar para transformarlas. En prisión, las madres que crían a sus hijos, los monitores que acompañan a enfermos, los compañeros que sostienen emocionalmente a quienes están en riesgo de autolesión: todos ellos están ejerciendo ese trabajo relacional que produce vida social incluso en condiciones emergentes y extremas de encierro.

 

Por último, hay que asumir que el cuidado es un derecho y una responsabilidad colectiva, es decir, un acto de corresponsabilidad, no solo una obligación individual o familiar. El derecho a ser cuidado, en prisión, no puede limitarse a la asistencia institucional que el Estado está en condiciones de proveer, que con frecuencia es escasa o nula, sino que debe incluir la garantía de que los circuitos comunitarios existentes no sean obstaculizados. El derecho al autocuidado, por su parte, encuentra en los módulos LGBTTTIQA+ un ejemplo de lo que Joan Tronto denomina “una ética del cuidado que trasciende lo meramente individual y se expresa en formas de organización colectiva que protege a quienes comparten situaciones de vulnerabilidad específica”.

 

Pautas  para un futuro cuidado

 

A manera de conclusión, actualmente, el cuidado en México es un territorio de tensiones y paradojas. En los espacios de encierro emerge como práctica de supervivencia en un escenario diseñado y normado por la lógica del castigo que reproduce desigualdades sociales. Colocar al cuidado dentro de los espacios y las dinámicas de los centros penitenciarios demanda que las encuestas de uso del tiempo incorporen categorías que capturen las realidad que viven las personas que sostienen los circuitos de cuidado asociados a la cárcel, fuera y dentro de ella. Para ello, es crucial adaptar el uso de diarios de tiempo en submuestras para mejorar la captación del cuidado pasivo y las actividades secundarias de las personas asociadas con el sistema penitenciario. No basta con recopilar datos, se deben impulsar más estudios que crucen la ENUT con otras encuestas, ingresos, salud, demografía, para medir la pobreza de tiempo y la efectividad de los programas de cuidados y el sistema de justicia.

 

En el plano político, el Sistema Nacional de Cuidados no puede ser solo un conjunto de servicios institucionales, sino que debe articularse con los circuitos comunitarios de cuidado que ya existen, reconociéndolos, fortaleciéndolos y asegurando que no operen como coartada para el abandono estatal. La corresponsabilidad entre Estado, comunidades y familias es un horizonte necesario, pero también es un campo de disputa sobre quién asume qué responsabilidades, y en el sistema penitenciario esta organización es todavía muy poco clara. En el plano epistemológico, el desafío es construir modos de conceptualizar el cuidado que integren la dimensión cuantitativa y la cualitativa, la medición macro y la experiencia micro, la perspectiva de género y la interseccionalidad. Solo así podremos superar las cegueras que han caracterizado tanto a las políticas públicas como a las teorías sociales en este campo.


En última instancia, lo que está en juego es la pregunta por el tipo de sociedad que queremos construir, vivir y sostener, ¿una sociedad donde el cuidado sea un derecho garantizado para todas las personas o un trabajo invisibilizado, feminizado y precarizado?, ¿una sociedad donde el castigo sea el recurso principal para gestionar la conflictividad social o donde la reproducción y el sostenimiento sanos de la vida sean el centro de la organización social?

 

 

 

 

Referencias

•  Altman, Matthew (2023). "Introduction: Punishment, Its Meaning and Justification". En The Palgrave Handbook on the Philosophy of Punishment.

•  Guimarães, N. A. y Hirata, H. (2025). "O cuidado como conceito e experiencia social: trajetória de um campo". En Luana Pinheiro et al (orgs.), Participacao social na Política de Cuidados no Brasil. Brasília: Ed. UnB.

•  INEGI. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). Varios años.

•  Kergoat, D. (2016). "Le care et l'imbrication des rapports sociaux". En Araujo Guimaraes, N.; Maruani, M.; Sorj, B. Genre, race, classe. Travailler en France et au Brésil. Paris: L'Harmatan.

•  Tronto, J. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Routledge.

•  Vega, Martínez y Paredes (2018). "Introducción. Experiencias, ámbitos y vínculos cooperativos para el sostenimiento de la vida". En Cuidado, comunidad y común. Experiencias cooperativas en el sostenimiento de la vida. Traficantes de Sueños.

 

 

 
 
 

Actualizado: 29 dic 2025

El asesinato de un estudiante a manos de otro en el CCH Sur no es solo una noticia más, es un parteaguas que ha fracturado la percepción de seguridad y comunidad dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más allá de las cifras y los reportes oficiales, es fundamental escuchar a las voces estudiantiles que revelan el impacto profundo, multifacético y duradero de este suceso. Este texto busca articular esas voces, no como un mero listado de preocupaciones, sino como un diagnóstico colectivo de los miedos, las dudas y las exigencias que habitan los pasillos, las aulas y las consciencias de la comunidad universitaria. Las siguientes reflexiones son resultado de un proceso restaurativo de tres días que realicé con mi grupo de primer semestre de licenciatura en una entidad de la UNAM. Es importante mencionar que en ningún momento del proceso y los ejercicios surgió algún tipo de inquietud o preocupación por la llamada cultura Incel (célibes involuntarios). Esto lo destaco por el énfasis que pusieron los medios y algunas autoridades universitarias en vincular el acto con esta subcultura. Las y los jóvenes reconocen de una u otra forma que la indiferencia hacia ellas y ellos por parte de la sociedad adulta es el principal factor generador de violencia en su generación. Los entrecomillados a lo largo del texto son citas textuales que ellos y ellas compartieron durante el proceso.


La pérdida de la seguridad y la confianza básicas


La escuela, en especial durante la preparatoria y la licenciatura, debería ser un espacio de relativa protección. Un intervalo vital donde la principal preocupación es el aprendizaje, la exploración intelectual y la construcción de la identidad a través de los intercambios, encuentros y desencuentros en un contexto de diversidades. El suceso en el CCH Sur dinamitó esa premisa fundamental.


El sentimiento más inmediato es, sin duda, el miedo. Una forma de miedo que ha dejado de ser abstracta para volverse personal y concreta: "Me preocupa que pude haber sido yo, un amigo, una amiga". Este temor contamina la experiencia diaria: el camino a la escuela se recorre con desconfianza, los compañeros dejan de ser solo colegas o pares, o potenciales amistades o parejas, para convertirse en potenciales fuentes de riesgo, y la misma aula, otrora un espacio de intercambio, se tiñe de ansiedad: "me preocupa sentir más ansiedad a la hora de relacionarme... por lo que puedo o no llegar a decir o hacer".


Este miedo se agudiza al comprobar que los protocolos de seguridad se perciben como insuficientes o burocráticos. La proximidad geográfica entre planteles, como CCH Sur y Ciudad Universitaria, fomenta la sensación de vulnerabilidad: "si pasó allí, puede pasar aquí". La demanda no es por más policías o controles tediosos, sino por una seguridad inteligente y preventiva que restaure la confianza, no que constriña la libertad.


Más allá del miedo: sobre la crisis de la empatía y la salud integral


Uno de los aspectos más reveladores de las respuestas es la aparición de un doble duelo: por la víctima y, algo inusual en las perspectivas adultocéntricas, por el victimario. "Me preocupa el abandono del joven que realizó dicho acto. ¿Cuánto vacío, soledad y dolor debió de cargar para llegar a eso?".


Esta reflexión es aguda y precisa pues el estudiantado identifica que el acto violento no nació en el vacío, sino que es el síntoma extremo de una crisis de salud mental generalizada, estigmatizada y desatendida como consecuencia de una evidente falta de empatía entre las personas que conformamos la sociedad. Señalan la "falta de un apoyo psicológico de calidad" sin obviar la paradoja de vivir en una sociedad hiperconectada pero hiperindividualista, donde el aislamiento y el dolor pueden fermentar en silencio hasta que algo las hace estallar.


La preocupación se expande en círculos concéntricos: no solo es el miedo a ser víctima de un acto aleatorio, sino la angustia de no saber identificar el sufrimiento silencioso en un amigo, un compañero de clase. "Me preocupa que gente que conozco puede estar pasando internamente por cosas similares y no saber identificarlo". Se vive con el peso de una responsabilidad social para la cual no se sienten equipados y capaces de responder.


La fractura de la comunidad y la desconfianza institucional


El suceso ha erosionado uno de los pilares de la vida universitaria: la confianza en la comunidad puma "afecta mi percepción de las personas porque antes pensaba que sólo me pueden lastimar personas de otros lugares". La violencia, al provenir de dentro, rompe un pacto básico de convivencia y cooperación. La decepción no solo es hacia un individuo, sino hacia la capacidad colectiva de cuidarnos.


Esta desconfianza se extiende hacia las autoridades. Hay un escepticismo profundo sobre la capacidad o la voluntad de la institución para responder de manera adecuada. La mayoría teme dos escenarios igualmente negativos: la inacción ("hacen caso omiso a los gritos de ayuda") o la sobrerreacción represiva ("la UNAM podría tomar medidas excesivas basadas en el miedo... dando una excusa para reprimir").


Los estudiantes no piden solo medidas punitivas; exigen un diálogo auténtico. Demandan ser parte de la solución, que sus pliegos petitorios sean escuchados y que la respuesta institucional no se limite a la seguridad física, sino que aborde las raíces del problema: el ambiente de narcomenudeo cada vez más enquistada en todos los espacios que habitan adolescentes y jóvenes, la violencia latente y la descomposición del entorno social que rodea a los planteles.


Cómo acompañarnos a ese lugar deseado


Lo sucedido en el CCH Sur es un espejo que refleja las grietas de la sociedad mexicana: la expansión de muchas formas de violencias, la desconfianza institucional y la fragilidad de nuestros lazos y vínculos humanos tanto en la vida privada como en la pública. Para el estudiantado, este hecho dejó de ser una "noticia más" para convertirse en una experiencia límite que redefine su realidad, su presente y su futuro.


El camino a seguir, según lo que ellas y ellos compartieron en este proceso restaurativo, no puede ser el de la vigilancia policial o autoritaria de los espacios, menos aún un pasar la página y dar paso a un olvido rápido. La solución debe ser integral y verdaderamente compasiva, lo cual implica:


  1. Reconstruir la seguridad entre los miembros de la comunidad desde la confianza no desde el control, con dinámicas sociales efectivas y consensuadas.

  2. Conscientizar en que la salud mental es en realidad un problema de salud integral y comunitaria desestigmatizando el sufrimiento y ofreciendo redes de apoyo accesibles.

  3. Fomentar una cultura de cuidado y cooperación dentro de las comunidades estudiantiles, donde el "otro" deje de ser una potencial amenaza para volver a ser compañera/o.

  4. Establecer canales de diálogo transparentes y horizontales entre estudiantes y autoridades, donde más que seguridad se busque un entorno de bienestar comunitario.


La herida en la comunidad es real pero en la lucidez de las reflexiones estudiantiles hay mucho que aprender, entender y construir. En ellas subyace la esperanza que este tipo de eventos no vuelvan a suceder y desde ahí se busca fortalecer una conciencia más aguda, una solidaridad más firme y una exigencia más clara por una universidad que sea, verdaderamente, un refugio para el pensamiento y un espacio seguro para crecer y desarrollarse intelectual, afectiva y socialmente. El desafío no es solo regresar a la normalidad, sino construir una nueva normalidad donde hechos como éste no solo sean impensables, sino estructuralmente imposibles. La tarea es de todos, y comienza escuchando a adolescentes y jóvenes como un grupo vulnerable que este suceso ha dejado al descubierto.




 

 
 
 

El pasado 14 de julio (2025) el INEGI publicó la Estadística sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) en la que se reportan datos entre 2021 y 2023. El reporte completo puede consultarse en


Conversé con la periodista Patricia San Juan sobre el Reporte y las realidades que viven las personas adolescentes que sustenta estas cifras. Aquí la nota completa del El País.




 
 
 
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© 2020 by Claudia Alarcón Z.  

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