• claudiaalarcon13

¿Es la semiprivatización de las cárceles una solución a la violencia y la delincuencia?


La semiprivatización de las cárceles no es por sí misma una solución a la crisis de delincuencia y violencia que vivimos en México, de hecho, se convierte en un problema de igual complejidad que el que durante décadas ha enfrentado el sistema penitenciario administrado únicamente por el Estado. La diferencia está en manos de quién quedan ahora las ganancias.


En 2013 el sistema penitenciario nacional (SPN) le abrió la puerta a la iniciativa privada. Esta nota da cuenta de la manera en que se dio esta apertura y, lo más importante, describe cómo es que el SPN se convirtió en un jugoso negocio para las familias más ricas del país.


https://diario.mx/Nacional/2013-05-11_ea7912cb/disputan-magnates-jugoso-negocio-de-carceles-privadas/


La pregunta obligada para quienes trabajamos directamente con personas privadas de su libertad es ¿qué beneficios tiene este modelo de administración privada penitenciaria para quienes deben cumplir una sentencia en estos centros? El argumento político para justificar este movimiento ha sido acabar, principalmente, con el autogobierno de las prisiones al que se le atribuyen muchos de los problemas que ha enfrentado el SPN por décadas y del que se desprenden no solo problemas como la operación de grupos criminales al interior y al exterior de las prisiones, también aseguran que su propósito es debilitar un modelo económico que, alineado a los mecanismos de corrupción del sistema, ha generado ganancias de muchos millones de pesos dentro de un esquema de absoluta ilegalidad.


Sin embargo, como sucede con todo vínculo entre el gobierno y la IP, la semiprivatización de las cárceles tiene un subtexto que es importante considerar cuando se habla de cuánto le cuesta al país tener a personas, culpables o inocentes, en las cárceles. La respuesta, como algunos han querido argumentar, no está en una simple división. El problema para entender este “gasto” radica en revisar cuál es el destino de ese recurso, para qué y cómo se utiliza.


La respuesta es muy simple, se utiliza para administrar el castigo, la contención física, el confinamiento y la “violencia legitimada”, no para la reinserción. El sistema penitenciario es un sistema muy empobrecido, y no hablo de dinero. La pobreza del SPN radica en la incapacidad que siempre ha mostrado para contribuir de una manera efectiva a que personas que entran en él, tengan una oportunidad de redireccionar su vida. El personal que labora en él, piezas clave para cumplir con el reto que implica la reinserción social, suele tener una escasa o nula formación en acciones que hagan posible la reinserción o que den cumplimiento al ejercicio de derechos de las personas privadas de su libertad. De ahí que el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad civil, que generalmente operan con recursos que provienen de organismos internacionales, y que pueden operar con cierta autonomía de los vicios propios del sistema, sea tan relevante para el cumplimiento de una agenda política penitenciaria que presume de operar con fundamento en la reinserción social. En México, la estructura del sistema penitenciario no cuenta con los recursos ni humanos, ni de infraestructura, ni operativos y, poniéndonos muy filosóficas, ni con la voluntad para que las personas privadas de su libertad se reinserten a la sociedad.


En conclusión, el problema de las cárceles no es quién las administra, sino cómo reconstruir un sistema que, como muchos otros en el país (e.j. el educativo) ha sido semillero de grandes fortunas para algunos cuantos al margen de la legalidad y al amparo de los políticos en turno. Hay mucho más que decir al respecto pero, por el momento, aquí le corto.


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